El masivo cruce de ciudadanos marroquíes hacia Ceuta ha vuelto a tensión la relación diplomática entre Madrid y Rabat, que parecía haber recuperado la normalidad tras un altercado semejante acontecido en la primavera de 2021. Aquella tensión derivó en un giro radical por parte de la administración española respecto a la disputa saharaui, abandonando su tradicional imparcialidad para respaldar la postura de Marruecos, un gesto entendido como una traición por los antiguos ciudadanos españoles.
A cambio de dicho apoyo, en la primavera de 2022 se pactaron diversos acuerdos durante el viaje del jefe del Ejecutivo español a Rabat -incluida la reapertura de los pasos aduaneros en las ciudades autónomas, un gesto más simbólico que efectivo al no haber funcionado a pleno rendimiento-, destacando el compromiso de contención en los flujos migratorios, mantenido con altibajos hasta la fecha. Ahora se ha roto.
El cruce masivo de migrantes durante las jornadas recientes ha quebrado de forma inesperada esta sintonía. El diario El País explica que desde el Gobierno de Madrid atribuyen el fenómeno a la difusión viral en plataformas digitales de un bulo que aseguraba que la llegada por mar garantizaba la no repatriación, apoyándose en un dictamen del Tribunal Supremo sobre la ilegalidad de las devoluciones automáticas en el agua. Con todo, estamentos oficiales reconocen que la irrupción masiva no habría tenido lugar sin la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, un factor decisivo en el ámbito político, aunque Moncloa no quiere hacer sangre con ello y en público destaca la cooperación con Rabat.
La coincidencia de la Fiesta del Trono en el país vecino y la presencia estival del monarca Mohamed VI en su residencia de Rincón, muy cerca de Ceuta, llevó a pensar inicialmente en un descuido imprevisto de la guardia fronteriza, según apuntan fuentes de inteligencia al mismo diario del Grupo Prisa. Tras varios días de vigilancia reducida que permitieron a numerosos jóvenes alcanzar la playa a nado bordando el espigón, la retirada total de la gendarmería el jueves dejó la puerta abierta para que multitud de familias cruzaran prácticamente a pie por el paso del Tarajal. El hecho de que este repliegue se prolongase durante horas conduce a considerar que no fue una negligencia accidental, sino un movimiento deliberado.
A pesar de la maniobra, el Ejecutivo español ha evitado los reproches directos, priorizando una resolución inmediata del problema. Tanto el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Exteriores, José Manuel Albares, han mantenido conversaciones con sus pares marroquíes, ensalzando la fluidez del trabajo conjunto y señalando como culpables a las mafias del tráfico de personas, aunque estas no resulten necesarias para alcanzar a pie el límite fronterizo.
La urgencia por detener los accesos y articular la devolución de quienes han cruzado -tarea compleja tras la jurisprudencia del Supremo- ha desplazado a un segundo plano la lectura geopolítica del suceso. En los servicios de inteligencia predomina la incertidumbre sobre los motivos reales de Rabat, abriendo paso a diversas hipótesis. La coincidencia más clara es que esta presión se produce poco después de la visita del presidente español a Argel para dar por superada la fractura diplomática motivada, precisamente, por el viraje español sobre el Sáhara.
Aunque no se mencionó explícitamente en la comparecencia oficial con la presidencia argelina, ambos países acordaron una cumbre bilateral en Madrid para el otoño. Cualquier paso de España hacia uno de los actores de la región suele despertar suspicacias en el rival, aun cuando la diplomacia española desconecte ambos episodios.
Paralelamente, la tramitación parlamentaria para otorgar la ciudadanía española a los nacidos en la antigua colonia del Sáhara y a sus hijos añade un elemento extra de tensión. Mientras las partes implicadas no se han pronunciado formalmente, la dirigencia del Frente Polisario ha valorado cualquier beneficio para la población saharaui, aunque marcando distancias sobre las expectativas históricas depositadas en el partido del Gobierno.
Asimismo, la situación de los refugiados saharauis en Tinduf y la eventual evolución del estatus de Gibraltar son seguidos con lupa por Marruecos, que tradicionalmente condiciona el debate sobre las ciudades autónomas españolas a los avances respecto al Peñón. No obstante, reina la ambigüedad, dado que los acuerdos sobre Gibraltar no conllevan cesión alguna de soberanía británica.
En el plano teórico, la relación entre ambos estados se encuentra en un momento de gran entendimiento, reforzado no solo por el plano económico -donde España figura como principal aliado comercial de Marruecos- sino por la candidatura conjunta con Portugal para albergar la cita mundialista de fútbol de 2030. Con todo, surgen fricciones como la pugna por albergar el partido final del torneo, aspiración a la que no renuncia la sede en construcción de Casablanca.
A su vez, se baraja que esta maniobra responda a una advertencia política proyectada hacia el futuro, especialmente ante un eventual cambio de gobierno liderado por la oposición, cuya invitación al Polisario en su congreso no fue bien recibida en Rabat. Coincide, además, que la gestión local de la ciudad autónoma está en manos de dicha formación política.
Analistas recuerdan que en el episodio migratorio de 2021 Rabat tampoco explicitó sus razones. Se interpretó como una represalia por la asistencia médica brindada en España al líder del Polisario, si bien el desenlace terminó siendo favorable a Marruecos al lograr el respaldo de Madrid a su plan autonómico.
Tampoco hay que olvidar las posibles presiones de EEUU a Rabat. La Administración Trump es una aliada indispensable de Rabat, que ha defendido su visión en el conflicto del Sáhara Occidental y ha premiado su acercamiento a Israel con los Acuerdos de Abraham.
Las previsiones apuntan a que el repunte migratorio remita en las próximas horas mediante la restitución del control fronterizo por parte marroquí y para revisar que eso se cumpla estará hoy en la zona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el desafío logístico de alojar, mantener y atender a miles de personas en la ciudad autónoma se mantendrá como un problema de compleja resolución para la administración española.
Qué decía la sentencia
La sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado señala que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza".
Se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal del pasado 8 de julio, recogida por Europa Press, que dictaminó que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insistió ayer en modificar la ley "por todos los medios" pues, a su juicio esta sentencia del Supremo provoca una "laguna" que "hay que remediar", después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de la ciudad autónoma, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.
El Alto Tribunal remarcó el interés casacional en "determinar si es aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería respecto de las personas que son interceptadas en el mar, al pretender entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla y por ello es posible aplicarles el procedimiento de rechazo en frontera". Dicha disposición adicional reza: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
Y es que el Supremo recoge que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entendió que quien entra a nado "no supera un elemento de contención fronterizo", por lo que no era aplicable la disposición adicional décima, un criterio compartido por la Sala.
Así, remarca que el rechazo en frontera dentro de Ceuta y Melilla "no está contemplado con carácter general" en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería "para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".
Entonces, el alto tribunal precisa que la ley se refiere a elementos de contención fronterizos "y no exclusivamente a los terrestres ni, específicamente, a las vallas". Por ello, indica que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos".
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han reconocido la necesidad de adoptar medidas ante estas situaciones de crisis, si bien han señalado que sería un "error" obviar el resto de problemas -sociales, políticos, humanitarios y económicos- que envuelven este tipo de crisis y poner el foco en resoluciones judiciales que, precisamente, "sirven para garantizar derechos humanos".
